La reforma fiscal es un tema que ha sido debatido en República Dominicana durante años. A pesar de la existencia de leyes y normas que regulan la tributación, el país ha sufrido una serie de «parches fiscales» que no han permitido una reforma estructural y sostenible. Sin embargo, en la actualidad, se considera que es necesario lograr una reforma fiscal que incluya los dos componentes principales: ingresos y gastos.
Uno de los principales desafíos que enfrenta República Dominicana es el déficit histórico del Gobierno, que ronda el 3 % anual. Este déficit se ve influenciado en gran medida por el peso que tiene en las finanzas públicas el subsidio al sector eléctrico, que asciende a alrededor de US$1,500 millones al año.
En 2020, el déficit alcanzó un preocupante nivel de -7.5 %, aunque se ha logrado una ligera recuperación en 2021 y se estima que para 2024 volverá a estar en el nivel de -3.1 %.
Además, el servicio de la deuda pública, que representa más del 25 % de los ingresos fiscales, plantea un desafío importante para la sostenibilidad financiera de la administración pública.
La necesidad de abordar el déficit fiscal del Sector Público No Financiero en el presupuesto nacional del 2024, que asciende a 229,247.9 millones de pesos, equivalente al 3.1 % del producto interno bruto (PIB), se plantea la imperiosa implementación de una reforma fiscal en República Dominicana. Este déficit, cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, supera el rango ideal del 1.5 al 2 %, lo que evidencia la urgencia de tomar medidas para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La última vez que se vislumbró la posibilidad de someter una reforma fiscal en el país fue en el convulso año 2021, cuando el presidente Abinader tenía un año en el poder.
En ese momento, se manejaban propuestas y documentos con ideas para reformar el sistema tributario, las cuales estaban siendo analizadas a nivel interno por la administración del Estado desde el año 2020. Sin embargo, al hacerse públicas estas propuestas, se encontraron con una fuerte oposición por parte de la población. La crisis económica generada por la pandemia del covid-19 fue uno de los factores que contribuyó a que estas iniciativas fueran postergadas y finalmente archivadas.
No obstante, en la actualidad la economía dominicana ha mostrado signos de recuperación. Las proyecciones para el año en curso son alentadoras. Se espera que la economía se expanda en torno a su potencial máximo del 5 %, lo que representa un importante impulso para la actividad económica y el empleo en el país.
Además, se prevé que la inflación se mantenga dentro del rango meta establecido, con un objetivo del 4.0 % más o menos un 1.0 %.
En este contexto de recuperación económica y necesidad de fortalecer las finanzas públicas, la discusión en torno a una reforma fiscal integral cobra aún más relevancia.
El presidente Luis Abinader ha enfatizado la importancia de realizar reformas de manera adecuada y sin apuros, reconociendo los logros en la reducción de la pobreza y la mejora en la disminución de la subalimentación en el país.
Abinader ha subrayado la necesidad de seguir apostando por el crecimiento económico y la eficiencia en el uso de los recursos gubernamentales para combatir la pobreza. En este sentido, ha anunciado la presentación de un proyecto de reforma fiscal que buscará la consulta no solo con la oposición política, sino con la sociedad en general.
Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel «Jochi» Vicente, ha resaltado el notable crecimiento económico que ha experimentado República Dominicana en las últimas décadas, situándose como la séptima economía más grande de la región.
Sin embargo, ha señalado que el país aún enfrenta desafíos en cuanto a la disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad. En este contexto, la reducción significativa de la tasa de pobreza absoluta y moderada en el país, que se sitúa en un 23 %, refleja avances importantes en la lucha contra la pobreza en comparación con otros países a nivel mundial.
Además, destacó que la deuda del sector público no financiero ha experimentado un significativo aumento, pasando de US$29,544 millones en 2017 a US$55,698 millones en abril de este año, lo que representa un incremento absoluto de US$26,154 millones, equivalente al 88.5 %.
En medio de este panorama de debate, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) ha presentado una propuesta de reforma fiscal que busca transformar el sistema tributario de República Dominicana hacia la sostenibilidad, el equilibrio y el desarrollo económico.
Esta propuesta plantea ampliar la base del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a casi todos los productos, manteniendo exentos a sectores sensibles como medicamentos, plantas, educación, salud, electricidad, entre otros.
El vicepresidente ejecutivo de CREES, Miguel Collado Di Franco, ha sido un vocero clave en la defensa de esta propuesta, argumentando que la ampliación de la base del ITBIS, combinada con la reducción de la tasa impositiva del 18 % al 10 %, permitirá una mayor equidad y eficiencia en el sistema tributario.
Según Collado Di Franco, el actual sistema de exenciones en el ITBIS genera distorsiones y costos internos que impactan negativamente en la economía del país.
Una de las piedras angulares de la propuesta de CREES es la modificación gradual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), tanto para personas jurídicas como para personas físicas. Se plantea reducir la tasa del ISR del 27 % al 23 % en el primer año, al 21 % en el segundo año y finalmente al 18 % en el tercer año.
Esta medida busca incentivar la formalización de la economía y reducir la evasión fiscal, que actualmente alcanza niveles preocupantes en República Dominicana.
Collado Di Franco también ha señalado la importancia de abordar la alta evasión en otros impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). En este sentido, la propuesta de CREES contempla la eliminación de impuestos como el impuesto al ahorro, el impuesto a los cheques y transferencias bancarias, así como la simplificación de otros gravámenes para mejorar la eficiencia del sistema tributario.
Además de la reforma de los impuestos existentes, CREES propone medidas para reducir la competencia informal, mejorar la competitividad del país y atraer nuevas inversiones. Collado Di Franco destaca la necesidad de entender que República Dominicana compite en un mundo globalizado donde las inversiones se dirigen hacia entornos con menores costos y mayor estabilidad fiscal.
Es importante destacar que la propuesta de reforma fiscal de CREES ha sido desarrollada en colaboración con expertos tributarios y consultores, lo que le otorga un respaldo técnico y especializado.
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La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) también se ha pronunciado sobre la reforma fiscal y considera imprescindible para alcanzar los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La presidente ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Rosanna Ruiz, ha destacado la importancia de una reforma fiscal integral que promueva el crecimiento económico, genere empleo y permita alcanzar los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En este sentido, Ruiz enfatiza la necesidad de una concertación pública-privada para diseñar y ejecutar una reforma fiscal que sea efectiva y equitativa para todos los sectores de la economía.
Según Ruiz, la mejor forma de abordar la reforma fiscal es a través del crecimiento económico, ya que este genera riqueza y empleos, lo que a su vez proporciona los recursos necesarios para aumentar la recaudación tributaria de manera sostenible.
Además, la ejecutiva destaca que la presión tributaria en el sector financiero es significativamente alta, alcanzando un 22.9%, y llegando al 29 % cuando se incluyen otros conceptos como el fondo de consolidación bancaria, el de contingencia y la cuota de supervisión. Esta cifra posiciona al sector financiero como uno de los más gravados en comparación con otros actores económicos del país.
Ruiz también hace hincapié en la importancia de simplificar la fiscalidad para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de fomentar su formalización y facilitar su cumplimiento tributario. La ejecutiva considera crucial reordenar el gasto público y promover alianzas público-privadas para financiar infraestructuras y obras productivas que impulsen el crecimiento económico de manera sostenible.
En este sentido, la ABA se muestra comprometida a contribuir en la mesa de concertación para la elaboración de un gran pacto fiscal que sea fundamental para el desarrollo económico y social del país. Ruiz asegura que el sector financiero está dispuesto a colaborar en la ampliación de la base tributaria sin penalizar a los sectores productivos, reconociendo su rol fundamental en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la generación continua de riqueza y empleo en República Dominicana.
Por su parte, Euri Andújar, presidente de la Asociación de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), ha resaltado la importancia de que la reforma fiscal sea integral y equitativa, sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para evitar el aumento de la informalidad.
Andújar hace hincapié en la necesidad de mantener incentivos que impulsen sectores clave como el turismo y la producción, al tiempo que aboga por la reducción del Impuesto sobre ITBIS y la ampliación de su base imponible.
Para un conocido de Revista Mercado, Antonio Trujillo, director de Market Brief, una reforma tributaria bien concebida debe generar dos hechos básicos: el aumento de los ingresos estatales y la eficiencia del gasto público. No se trata simplemente del camino fácil de analizar cómo aumentar algunos gravámenes, sin que la población se vuelque a las calles y sin que la empresa privada se afecte mucho.
Ese camino ya lo tomaron otros países en Latinoamérica y el resultado fue malo. Sin un plan de gestión adecuado y eficiente de los ingresos tributarios, la reforma estará coja.», argumentó.
Además, asegura que el siempre vilipendiado FMI tiene como una de sus primeras recomendaciones en los temas de ajuste fiscal, priorizar la correcta gestión gubernamental de los recaudos. La transparencia en la información sobre el destino de la recaudación debe ser una exigencia al Gobierno. Esa debería ser una premisa para empezar las discusiones.
En definitiva, la colaboración entre el Gobierno, la sociedad civil, los sectores productivos y los expertos en economía será fundamental para diseñar e implementar medidas efectivas que impulsen el desarrollo económico sostenible y mejoren las condiciones de vida de la población.
El camino hacia una reforma fiscal exitosa y sostenible demanda un análisis profundo, consensos y decisiones valientes que contribuyan al fortalecimiento de las bases fiscales del país y al fomento de una cultura tributaria justa y transparente.
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