En una escalada sin precedentes en la relación entre el Gobierno federal y las instituciones educativas, la administración Trump ha declarado una guerra financiera y política contra la Universidad de Harvard. La orden es clara: cortar todo vínculo contractual con la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, un movimiento que amenaza con redefinir los límites entre el poder estatal y la autonomía universitaria.
La Administración de Servicios Generales (GSA) ha emitido una directiva contundente: todas las agencias federales deben identificar, revisar y, en la mayoría de los casos, cancelar sus contratos con Harvard antes del 6 de junio. Estos acuerdos, valorados en 100 millones de dólares, abarcan desde programas de capacitación para el Departamento de Seguridad Nacional hasta investigaciones médicas sobre el impacto de las bebidas energéticas.
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Este golpe se suma a la congelación de 3,200 millones en subvenciones federales que el Gobierno ya había aplicado a la universidad, como represalia por su negativa a modificar políticas de admisión, diversidad y protección a estudiantes internacionales.
La estrategia es evidente: asfixiar económicamente a Harvard hasta forzarla a ceder.
El argumento oficial para justificar este ataque se basa en tres acusaciones:
Discriminación racial en las admisiones, en referencia a los programas de acción afirmativa que la Corte Suprema ya había cuestionado en 2023.
Prácticas de contratación laboral discriminatorias, supuestamente violando el Título VII de la Ley de Derechos Civiles.
Falta de protección a estudiantes judíos frente al antisemitismo en el campus.
Sin embargo, analistas políticos señalan que estas razones son un pretexto para un objetivo más amplio: someter a una de las instituciones más influyentes del país, históricamente asociada con las élites liberales que Trump ha combatido durante su carrera.
Frente a la embestida, Harvard no se ha quedado quieta. En abril, la universidad demandó al Gobierno por la congelación de fondos, argumentando que viola su autonomía bajo la Primera Enmienda. Además, la semana pasada, un juez federal en Boston bloqueó temporalmente la orden ejecutiva que prohibía la matrícula de estudiantes extranjeros, una medida que afectaría al 27% de su alumnado.
Pero el verdadero respaldo de Harvard es su fondo de dotación de 53.000 millones de dólares, el más grande del mundo académico. Esta fortaleza financiera le permite resistir presiones que hundirían a instituciones menos poderosas. No obstante, la pérdida de contratos federales podría dañar áreas críticas, como la investigación médica y tecnológica, donde el Gobierno ha sido un socio histórico.
El ataque a Harvard no es un hecho aislado, sino parte de una cruzada ideológica contra universidades que Trump considera «centros de adoctrinamiento izquierdista». Su estrategia incluye:
Desmantelar programas de diversidad e inclusión, tachados de «antiestadounidenses».
Imponer evaluaciones ideológicas a estudiantes internacionales, especialmente aquellos provenientes de países considerados «hostiles».
Promover escuelas técnicas y vocacionales como alternativa «patriótica» a las universidades tradicionales.
En un reciente mensaje en redes sociales, Trump dejó clara su visión:
«Es hora de quitarle el dinero a Harvard y dárselo a las escuelas de oficios, que sí forman a trabajadores leales.»
Este discurso resuena en su base electoral, pero genera alarma en el ámbito académico, donde se percibe como un intento de control político sin precedentes sobre la educación superior.
Si el Gobierno logra forzar cambios en Harvard mediante presión financiera, sentaría un precedente peligroso: cualquier universidad que discrepe con la línea oficial podría enfrentar represalias similares. Esto no solo afectaría la libertad académica, sino también la posición de EE.UU. como líder global en educación e investigación.
Además, el veto a estudiantes internacionales —muchos de ellos futuros científicos, emprendedores y líderes— podría beneficiar a competidores como China, Canadá o Europa, que han intensificado sus esfuerzos por atraer talento extranjero.
Con la fecha límite del 6 de junio acercándose, el conflicto podría evolucionar en tres direcciones:
Harvard negocia (poco probable, dada su postura firme hasta ahora).
Los tribunales frenan a Trump (como ya ocurrió con el bloqueo al veto de estudiantes extranjeros).
La universidad pierde fondos federales, pero se convierte en un símbolo de resistencia, financiándose con donantes privados y su gigantesco fondo de dotación.
El desenlace de este pulso no solo definirá el futuro de una universidad, sino el tipo de sociedad que Estados Unidos quiere ser en las próximas décadas. Por ahora, una cosa es clara: Harvard no piensa rendirse, y Trump no piensa retroceder. La guerra acaba de comenzar.
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