La reciente propuesta de reforma fiscal en República Dominicana ha generado una ola de preocupación entre diferentes sectores de la economía. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha reafirmado su compromiso con el proyecto de ley de modernización fiscal, enfatizando la importancia del consenso y el diálogo para llevar a cabo esta iniciativa crucial.
El mandatario expresó que aunque la reforma no es una tarea popular, es una obligación patriótica. «Nadie quisiera hacer una reforma», declaró
Abinader subrayó que, aunque nadie desea implementar una reforma fiscal, es una responsabilidad que debe asumirse por el bien del país. La reforma está alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y es vista como una medida crucial para garantizar el crecimiento económico y la continuidad de las ayudas sociales.
El presidente destacó que, aunque muchos de los ingresos generados por la reforma no se verán durante su mandato, es una responsabilidad que asume por el futuro del país.
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Cade destacar que si se aprueba el proyecto, el Gobierno tiene estipulado recaudar alrededor de RD $122,486 millones a través de una reorganización fiscal que le permita obtener más fondos.
Actualmente, la propuesta de reforma se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, donde se están llevando a cabo vistas públicas para permitir que los diferentes sectores expresen sus opiniones.
El diálogo es un componente clave en el proceso de reforma. Recientemente, la Cámara de Diputados recibió a representantes de siete sectores productivos, incluidos empresarios y asociaciones como la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la Asociación de Bebidas no Alcohólicas.
El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, enfatizó la importancia de escuchar a todas las partes involucradas para garantizar una reforma inclusiva y equitativa.
En tanto, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), confirmó la participación del sector empresarial en las discusiones sobre la reforma, destacando que este es un momento crucial para abordar las inquietudes sobre la eliminación de exenciones y el impacto en la competitividad.
El sector empresarial ve en estas reuniones una oportunidad para lograr consensos que favorezcan el crecimiento económico sin sacrificar la productividad.
La reforma fiscal ha generado diversas reacciones entre los sectores productivos. El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones advirtió que la limitación de los productos exentos del impuesto sobre transferencias de bienes podría resultar en un aumento significativo en los costos para los consumidores.
En este contexto, el economista Antonio Ciriaco Cruz enfatizó que la clave para el éxito de la reforma radica en la correcta gestión de los recursos que el Estado reciba, sugiriendo que una gestión eficiente de los recursos fiscales es esencial para mejorar la calidad de vida y los servicios públicos.
Por su parte, la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas) ha expresado su alarma ante el potencial impacto que esta reforma tendría en los consumidores y en el empleo, particularmente en los más vulnerables de la sociedad dominicana.
Asibenas ha destacado que, si la reforma se aprueba tal como fue presentada, se prevé un aumento significativo en los precios de las bebidas no alcohólicas. Para los hogares de los quintiles más bajos de ingresos, que son los que se encuentran en la primera y segunda categorías de la escala socioeconómica, se estima que los precios podrían incrementarse entre un 25 % y un 50 %.
Este aumento no solo afectaría el presupuesto familiar, sino que también podría limitar el acceso a alimentos y productos esenciales, exacerbando la ya precaria situación de muchas familias.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado di Franco, afirma que la ampliación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que pasa a llamarse IVA en la propuesta del Gobierno, está justificada, pero no a una tasa del 18 % como se propone.
Esta tasa encarecería los precios al consumidor y afectaría la capacidad de ahorro e inversión de los hogares y empresas.
CREES subraya que la Ley de Modernización Fiscal, tal como está planteada, pone en riesgo el desarrollo económico de República Dominicana al reducir su capacidad de atraer inversiones y limitar el crecimiento del sector privado. Se destaca la necesidad de un sistema tributario más simple, con menores tasas y mayor eficiencia, para evitar que la economía dominicana se estanque en los próximos años.
Asimismo, Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), ha señalado que el proyecto de ley de modernización fiscal presentado por el Gobierno dista considerablemente del consenso alcanzado con el sector industrial.
La AIRD considera que el impuesto selectivo al consumo propuesto para las bebidas azucaradas no solo desincentiva la formalidad empresarial, sino que también coloca a las empresas dominicanas en una situación desventajosa frente a las importaciones.
Además, la iniciativa de la Alianza por el Bienestar y la Alimentación Consciente busca promover una mejor educación nutricional, resaltando la necesidad de un enfoque más integral en la reforma fiscal.
Durante las vistas públicas de la Cámara de Diputados, Julio Lozano, director de estudios económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), expresó su preocupación por el impacto de la reforma fiscal en el ahorro y la estabilidad económica del país. Lozano advirtió que el aumento propuesto en el impuesto sobre los intereses de ahorro del 10 % al 27 % podría debilitar el sistema financiero dominicano, empujando a los ahorrantes hacia la informalidad o a divisas extranjeras, y comprometiendo la estabilidad del peso dominicano.
Lozano señaló que el sistema financiero dominicano es limitado en comparación con otros países de la región, con depósitos que representan solo el 27 % del PIB, frente a un 50% en otros países latinoamericanos. Esta reducción en la base de ahorro aumentaría las tasas de interés, limitando la disponibilidad de fondos para proyectos de inversión y consumo, lo que tendría un impacto negativo en el crecimiento económico y la estabilidad monetaria del país.
El director de estudios económicos de la ABA propuso la eliminación del artículo 306 bis del Código Tributario, que establece el gravamen al ahorro, sugiriendo que se deben promover políticas que fomenten el ahorro, ya que este impulsa la inversión y el crecimiento. También expresó su preocupación por una normativa que busca eliminar exenciones a las transferencias bancarias, lo cual encarecería la digitalización de los servicios financieros y afectaría la inclusión financiera de miles de dominicanos.
Lozano hizo un llamado a los legisladores a considerar los efectos negativos de estas medidas sobre la capacidad de ahorro de la población, la estabilidad macroeconómica y la inclusión financiera, esenciales para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible del país. Finalmente, destacó la importancia de fomentar el acceso a servicios financieros digitales para contribuir a una mayor inclusión financiera y a una disminución de la pobreza.
La reforma fiscal también contempla la revisión de los incentivos en provincias como Pedernales, donde se reconoce la importancia de respetar los derechos adquiridos durante 15 años para proyectos que fomenten el desarrollo fronterizo. Abinader aseguró que no se eliminarán los incentivos en estas áreas, lo que es fundamental para mantener el crecimiento en regiones que dependen de estos apoyos.
En cuanto a la Ley de Cine, que ha sido objeto de inquietudes, el presidente indicó que se están manteniendo conversaciones para encontrar soluciones que permitan seguir apoyando al sector cinematográfico, una industria que también es crucial para el desarrollo cultural y económico del país.
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