El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional desde 1995, es una herramienta que se vale de información pública de más de 13 fuentes externas para determinar el nivel de corrupción en el sector público.
De acuerdo con los resultados del último reporte correspondientes a 2022, República Dominicana ha avanzado dos posiciones respecto al índice del año anterior.
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La media isla obtuvo una calificación de 32 sobre 100 y se ubicó en el lugar 123 de 180 países.
Transparencia Internacional precisa que la mejora del país en el Índice se explica porque en los últimos dos años se ha fortalecido la independencia de los órganos de justicia y control, se ha mejorado la transparencia en las compras públicas y se promulgó una ley de extinción de dominio, clave para el combate a la corrupción.
A pesar de los avances, existen preocupaciones respecto a la lentitud de los procesos judiciales en los casos de condenas por corrupción y «preocupa a la sociedad que los tribunales no estén a la altura de la fuerte demanda nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la delincuencia».
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Para determinar la puntuación de cada país, el IPC toma como mínimo tres fuentes de datos de un total de 13 estudios y evaluaciones procedentes de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial.
En cuanto a la puntuación, se parte de una escala de 0 a 100, donde el 0 significa «altamente corrupto» y el 100 «muy limpio».
Transparencia Internacional precisa que «la clasificación o rango no es tan importante como la puntuación a la hora de indicar el nivel de corrupción en un país».
Las áreas de corrupción en el sector público utilizadas para hacer la medición son soborno, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal, capacidad de los Gobiernos para prevenir la corrupción, excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar la corrupción, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés, protección legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción, captura del Estado por intereses privados y acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de Gobierno.
República Dominicana, ubicada en el lugar 123 del ranking, obtuvo una calificación de 32 sobre 100, misma que comparte con Kenia y Nigeria. En total, se utilizaron 7 fuentes de datos para evaluar al país.
Gabriel Rico Albarrán, con información de Transparencia Internacional
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