El despliegue militar de EE UU moviliza más de 4,000 infantes de marina en aguas de América Latina y el Caribe, en una ofensiva directa contra los carteles de la droga y el tráfico de fentanilo. La operación, confirmada por la Marina estadounidense, busca reforzar la seguridad en el hemisferio y combatir a organizaciones narcoterroristas extranjeras, en línea con la política del presidente Donald Trump.
La misión incluye el Grupo Anfibio USS Iwo Jima, la 22ª Unidad Expedicionaria, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, además de un submarino de ataque nuclear, destructores, un crucero de misiles guiados y aviones de reconocimiento P-8 Poseidon.
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Según el Pentágono, el reposicionamiento de estos activos militares se planificó durante las últimas tres semanas y forma parte de una estrategia de disuasión y respuesta rápida ante amenazas en la región.
Fuentes del Departamento de Defensa señalan que este despliegue militar de EE UU es, por ahora, una demostración de fuerza dirigida a enviar un mensaje a los carteles.
Sin embargo, la presencia naval y aérea otorga al Pentágono múltiples opciones si se autoriza un ataque a objetivos específicos vinculados al narcotráfico.
En agosto de 2025, Donald Trump ordenó al Pentágono preparar planes de intervención contra carteles designados como organizaciones terroristas internacionales.
Ese mismo mes, su administración coordinó la extradición de miembros de estas redes criminales, presentó cargos contra líderes de Carteles Unidos con recompensas que suman 26 millones de dólares, y ordenó un despliegue militar adicional en el Caribe.
En febrero de 2025, la administración Trump incluyó al Cártel de Sinaloa, al grupo venezolano Tren de Aragua y al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas internacionales.
Esta medida buscó reforzar los controles migratorios y ampliar la persecución de miembros de pandillas y redes criminales transnacionales.
La fiscal general Pam Bondi anunció la semana pasada que el Gobierno duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien acusó de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos.
Bondi aseguró que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas al régimen venezolano, incluidas casi siete toneladas asociadas directamente a Maduro.
Así como más de 700 millones de dólares en activos, entre ellos dos aviones privados y nueve vehículos.
Según la funcionaria, gran parte de esa cocaína estaba mezclada con fentanilo, lo que ha provocado miles de muertes en territorio estadounidense. Calificó al mandatario venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una amenaza para la seguridad nacional.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la ofensiva de EE UU contra los carteles, subrayando que “no va a haber invasión” y que cualquier cooperación en seguridad debe respetar la soberanía nacional. El gobierno mantiene su disposición al diálogo, pero con límites frente a la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro negó las acusaciones de colaborar con organizaciones criminales y calificó el despliegue militar de EE UU como un acto de injerencia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que el país ha decomisado 51 toneladas de droga en lo que va del año y advirtió que las Fuerzas Armadas actuarán para disuadir cualquier amenaza externa.
En Colombia, la ofensiva de EE UU contra los carteles ha incrementado la tensión diplomática. El presidente Gustavo Petro protagonizó un cruce con el senador estadounidense Marco Rubio, quien cuestionó la estrategia antidrogas colombiana. Petro respondió criticando el enfoque de Washington y propuso una cooperación bilateral con Venezuela, en contraposición a la línea de la Casa Blanca.
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