Con las elecciones presidenciales de 2024 a la vuelta de la esquina, los ciudadanos dominicanos se encuentran ante la decisión crucial de elegir al próximo líder que dirigirá los destinos del país. Entre los principales candidatos se encuentran Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo; y Abel Martínez, del Partido Liberación Dominicana (PLD).
Cada uno de estos candidatos ha presentado propuestas únicas en el ámbito de compras y contrataciones, lo que promete transformar significativamente la forma en que se llevan a cabo estos procesos en nuestro país.
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) liderado por el candidato Luis Abinader presenta un ambicioso plan de gobierno para el período 2024-2028, centrado en impulsar el desarrollo económico inclusivo a través de reformas en las contrataciones públicas. Bajo el lema «De la transparencia al fomento del bienestar», el PRM busca establecer prácticas y normativas que promuevan el crecimiento económico inclusivo, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Durante el período anterior, el gobierno del PRM logró una transformación profunda en las contrataciones públicas, enfocada en la transparencia y el combate a la corrupción. Se inició una nueva era de adquisiciones estatales más inclusivas, abarcando cada estrato de la sociedad. Se adoptó la estrategia «Contrataciones Públicas de Triple Impacto», que reorienta las adquisiciones del Estado hacia objetivos que aseguran ventajas económicas, beneficios sociales tangibles y promoción de la sostenibilidad ambiental.
El PRM propone una visión pionera de las «Contrataciones Públicas de Triple Impacto», que busca equilibrar el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Esta visión marca un rumbo hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, alineando la eficiencia y efectividad de las contrataciones públicas con los objetivos de desarrollo sostenible.
El plan de gobierno del PRM enfatiza la importancia del crecimiento económico inclusivo en las contrataciones públicas. Se destaca el énfasis en la inclusión de las MiPymes para fomentar la competitividad y la innovación, así como el beneficio directo al 95 % de la economía empresarial dominicana. Durante el período 2020-2024, se logró asignar un 32.2 % del monto adjudicado a MiPymes, superando las cuotas establecidas por la Ley de Compras.
Para el próximo período, el PRM propone ajustar las cuotas de políticas de adjudicación a proveedores MiPymes, aumentando el porcentaje mínimo y ampliando acciones para favorecer la diversificación de proveedores adjudicados. Se implementará el programa de compras conjuntas para optimizar recursos públicos y se establecerá el Sistema de Compras Eficientes (EFICOMPRAS) para hacer más inclusiva, competitiva y eficiente la contratación de bienes y servicios.
El Plan de Gobierno presentado por la Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández, propone una serie de medidas éticas y prácticas destinadas a reformar las compras y contrataciones públicas, promover la transparencia y fomentar el desarrollo económico inclusivo.
El plan de la Fuerza del Pueblo prioriza la ética en las compras y contrataciones públicas mediante la implementación de medidas concretas. Se propone establecer un Registro Nacional de Veedores, incorporar a estos veedores en los procesos deliberativos, establecer un sistema de rotación en las unidades operativas de contratación, y regular y limitar el ejercicio del lobbyismo y el manejo de intereses en los procesos de compras y contrataciones públicas.
Además, se busca fortalecer el régimen punitivo mediante la incorporación de sanciones penales para aquellos que violen las normas, utilicen información reservada, cometan nepotismo o obstaculicen investigaciones por corrupción.
La Fuerza del Pueblo promueve el fortalecimiento de los mecanismos de control social y la participación ciudadana en la actividad administrativa. Se busca consensuar directrices para regular las compras de urgencia y durante emergencias, crear un registro de auditores privados independientes, fomentar el control social de los ingresos y gastos públicos, y establecer un mecanismo de denuncias anónimas de irregularidades. Estas medidas buscan promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
Uno de los puntos destacados del plan de gobierno es la promoción de la economía asociativa y el desarrollo local. Se propone incorporar a cooperativas y empresas de economía solidaria en las compras y contrataciones públicas, especialmente en sectores estratégicos como alimentación, educación y salud.
Además, se establecen políticas para facilitar el registro de proveedores de MIPYMES, así como cuotas y preferencias para que estas puedan ser proveedoras del gobierno, abriendo nuevos espacios de mercado y promoviendo la inclusión económica.
El plan de la Fuerza del Pueblo también incluye medidas para mejorar la educación preuniversitaria y el desarrollo de infraestructura educativa. Se propone una renovada política para la construcción de centros educativos, que implicaría la revisión del marco legal, las contrataciones y el modelo arquitectónico de referencia. Esto busca garantizar un acceso equitativo a una educación de calidad en todo el país.
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El Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Abel Martínez, presenta un ambicioso plan de gobierno enfocado en la transparencia en las contrataciones públicas y la gestión eficiente de los bienes nacionales. Este plan, que abarca una amplia gama de medidas innovadoras, busca no solo promover la honestidad y la eficiencia en la administración pública, sino también fomentar el desarrollo económico inclusivo y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad.
El plan reconoce la importancia estratégica de las compras y contrataciones públicas como instrumento de política pública. Se destaca su contribución al desarrollo productivo y comercial en todo el territorio nacional, beneficiando a diversos sectores sociales, incluyendo a mujeres, jóvenes y emprendedores. Sin embargo, se subraya la necesidad de implementar medidas específicas para garantizar la transparencia en estos procesos.
Una de las propuestas más destacadas del plan es la implementación de un sistema de contratación pública basado en la tecnología Blockchain. Este sistema abarcaría todas las etapas del proceso de contratación, desde la licitación hasta la entrega, asegurando transparencia, trazabilidad y seguridad.
Además, se propone el uso de Inteligencia Artificial para analizar y evaluar propuestas de contratación, garantizando una evaluación imparcial y favoreciendo la identificación de ofertas eficientes y de alta calidad.
El plan también incluye el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en el análisis de datos, que permitirían identificar patrones anómalos y señales de riesgo en las contrataciones. Asimismo, se propone la creación de un mercado electrónico abierto para proveedores, que aumentaría la competencia y facilitaría la selección de las mejores opciones por parte de los organismos gubernamentales.
Otra medida innovadora es la utilización de contratos inteligentes, que permitirían la ejecución automática de acuerdos una vez cumplidas ciertas condiciones, reduciendo la burocracia y los retrasos. Además, se propone el desarrollo del uso regular de mapas interactivos de proyectos gubernamentales, que mostrarían la ubicación, el progreso y los detalles de todas las iniciativas del gobierno, desde infraestructura hasta programas sociales.
El plan también contempla el establecimiento de un sistema digital de adquisiciones para compras de menor cuantía, que permitiría una comparación transparente de precios y una adjudicación imparcial. Se propone el uso obligatorio del sistema de información de precios y la introducción de compras conjuntas para conseguir mejores precios y garantizar la transparencia en los procesos de adquisición.
El plan garantiza el cumplimiento de adjudicaciones a MIPYMES y mujeres, promoviendo así su desarrollo y fomentando su inclusión en la economía. Además, se propone la modificación de la Ley de Bienes Nacionales para adaptarla a la realidad actual de tenencia de tierras y satisfacer las necesidades del Estado en términos de transparencia, agilidad y eficiencia en la gestión de los activos públicos.
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